LA APERTURA COMERCIAL
La primera etapa comercial se llevo acabo de 1983 a 1989 para alcanzar la estabilidad económica, elevar la eficiencia del aparato productivo, enfrentar los compromisos financieros internacionales originados en una contratación de deuda externa, recuperar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos. La apertura comercial inició en un entorno desfavorable de inestabilidad cambiaría y financiera, virtual suspensión de pagos al exterior y enorme déficit fiscal. Ante ello, se adoptó un programa de ajuste y se planteó la necesidad de cambiar a fondo la estrategia de desarrollo.
La apertura fue gradual y se inició con la reducción selectiva de aranceles. En 1983 se mantuvieron los permisos a la importación para todas las categorías de productos, los cuales comenzaron a eliminarse un año después; en 1985 se revisó toda la tarifa y las importaciones controladas se redujeron a 37.5% del valor total; asimismo, se amplió la sustitución de permisos de importación por aranceles; en 1986, el número de fracciones sujetas a control se redujo hasta 30.9% del valor total. Dado el avance del programa de liberalización de México, la adhesión al GATT. En un ámbito de avance en la apertura, el costo de ingresar a ese organismo fue mínimo y en cambio significaba grandes beneficios en términos de acceso a mercados, credibilidad y certidumbre en la política comercial. De 1986 a 1989 se estableció un arancel máximo de 20% y se redujeron a cinco los niveles arancelarios. En este período se consolidó la primera etapa de apertura sin sufrir más modificaciones. Cabe recordar que en 1987 la motivación fundamental para acelerar la apertura comercial fue el combate contra la inflación. En la primera etapa del proceso de apertura se observaron los efectos favorables de esta estrategia en la economía: la participación de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB se elevó de 13.5% en 1982 a 18.5% en 1989. Asimismo, el comportamiento y la estructura de las exportaciones no petroleras cambió radicalmente: de 1983 a 1989 crecieron en valor a una tasa promedio anual de 19% y su participación en las exportaciones totales pasó de 22% en 1982 a 66% en 1989. En 1987 el gobierno respondió con el fortalecimiento de medidas estructurales y financieras y con la creación de un instrumento que con los meses y los años probaría su eficacia en la recuperación y la estabilidad: el pacto social. Esta concertación incluyó a los principales agentes de la formación de precios: los empresarios, los trabajadores, los campesinos y el gobierno. El Pacto de Solidaridad Económica, como se llamó inicialmente, fincó su eficacia en una política de ingresos y gastos que combinó elementos ortodoxos de la política económica con la concertación social.
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